El conflicto laboral en torno al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Camariñas ha tomado un nuevo giro con la reciente manifestación impulsada por las trabajadoras vinculadas a la empresa adjudicataria, Sociser.
Organizada por el sindicato UGT, la protesta recorrió la zona desde el puerto hasta las inmediaciones de la Casa del Concello, donde las trabajadoras expresaron su descontento ante la situación de sus salarios, los cuales no han sido actualizados conforme al convenio colectivo desde febrero de 2023.
Las manifestantes contaron con el apoyo de representantes políticos, como el concejal nacionalista Xurxo Rodríguez Baña y representantes del BNG local, y el edil del Partido Popular, Manuel Mejuto. Durante la marcha, se lanzaron consignas como «Empresa culpable, concello responsable» y «Alcaldesa escoita, o SAF está en loita», evidenciando el malestar existente.
La alcaldesa socialista Sandra Ínsua se reunió con las trabajadoras en las puertas del ayuntamiento.
Críticas de la UGT
El sindicato UGT denuncia que la empresa no ha actualizado los salarios alegando que el contrato original no contempla una revisión. En respuesta, se ha instado al ayuntamiento a lanzar una nueva licitación que incluya las subidas salariales estipuladas en el convenio.
Sin embargo, la propuesta presentada por el gobierno en el pleno del 31 de julio para rescindir el contrato fue retirada por falta de consenso, lo que ha llevado a las trabajadoras a anunciar un calendario de movilizaciones y a no descartar una huelga si el conflicto no se resuelve.
El PP pide que se elaboren los pliegos
Por su parte, el Partido Popular de Camariñas ha manifestado su apoyo a las trabajadoras y ha criticado la demora en la elaboración de los nuevos pliegos de licitación, calificando la situación como «injusta».
Paula Mouzo Mas, portavoz del PP, ha instado a la alcaldesa Ínsua a cumplir con su promesa de resolver este problema, señalando que la falta de acción podría deberse a «incapacidad o dejadez».
El gobierno habla de «irresponsabilidad» de la empresa
El gobierno local, por otro lado, ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras, criticando a la concesionaria por su «irresponsabilidad».
Según el Concello, la empresa participó en la licitación con una oferta económica considerablemente baja, y ahora pretende trasladar el problema al ayuntamiento.
El ejecutivo defiende sus intentos por resolver el problema y critica que su propuesta de resolver el contrato en el pleno del 31 de julio, no prosperó debido a la abstención del Partido Popular, lo que dejó la situación en un punto muerto, ya que el PSOE quería que la medida, con informes negativos de secretaría e intervención, fuera aprobada por unanimidad.
El conflicto sigue en pie, con las trabajadoras reclamando justicia salarial y a la espera de novedades.